Cuando los derechos se vuelven opinables
- Monica Rozo
- 14 abr
- 5 min de lectura
Una reflexión sobre cómo estamos hablando de derechos en el debate público, y lo que eso implica para quienes viven sus efectos.
En las últimas semanas, los temas relacionados con la diversidad sexual y de género han vuelto a ocupar un lugar central en el debate político colombiano. Por eso, en el último newsletter de Creciendo en Identidad mencionamos que queríamos abordar algunas inquietudes al respecto. La idea es poder mirarlas en toda su complejidad y, sobre todo, sin perder de vista a las personas que viven sus efectos.
Hoy les escribo buscando honrar esa intención.
En buena medida, esta conversación está siendo moldeada por la forma en que los medios la están conduciendo: no solo por lo que preguntan, sino por cómo lo hacen y los marcos que construyen a partir de esas preguntas. Una entrevista reciente lo muestra con especial claridad.
Se trata de la conversación en Cambio con la candidata presidencial Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, un hombre homosexual que ha construido una relación estable de 14 años con su pareja. Este ejemplo no busca impulsar ni descalificar ninguna candidatura. Situaciones similares se han dado en conversaciones de diversos medios y con distintos candidatos, y se retoma aquí únicamente como punto de partida para esta reflexión.
En esa entrevista, se le preguntó a Paloma Valencia si estaba de acuerdo con que Juan Daniel y su pareja adoptaran un bebé.
La pregunta, en apariencia simple, en realidad no lo es. En Colombia, el derecho de las parejas del mismo sexo a conformar una familia no es una opinión: es un derecho reconocido por la Corte Constitucional. Y, sin embargo, la conversación se formula en términos de acuerdo o desacuerdo. ¿Por qué formularla de esa manera? ¿Por qué llevar al terreno de la opinión algo que ya está definido en el marco constitucional? ¿Qué se pone en juego cuando se plantea como debatible lo que, en principio, no lo es?
Luego viene la respuesta. Afirmar que no se está de acuerdo, cuando se está en la misma mesa que Juan Daniel, no es solo una posición política. Es también afirmar que hay aspectos fundamentales de su vida que no deberían ser reconocidos del mismo modo que los de otras personas. Esto, aunque se exprese en un tono sereno y dentro de un escenario formal, es violento en sí mismo. Porque no se está hablando de una idea abstracta, sino de la vida de alguien que está ahí, presente, escuchando.
Personalmente, me sorprende la falta de empatía, de compasión y la deshumanización desde las cuales se construyen estas intervenciones, tanto por parte de quienes preguntan como de quienes responden. Porque en el centro de lo que está ocurriendo hay una persona cuya historia y proyecto de vida no pueden reducirse a un argumento y en la que muchas otras personas LGBTIQ+ en Colombia pueden reconocerse.
Además, estas conversaciones no se quedan en la pantalla. Lo que se dice en los escenarios públicos rápidamente se filtra a la vida cotidiana: a los hogares, a los colegios, a las empresas, a la forma en que otras personas sienten que pueden hablar de estas realidades.
Cuando se cuestionan de esa manera los derechos o la dignidad de una persona, el impacto no se limita a quien está en ese momento en el centro de la conversación. Lo sienten también muchas personas LGBTIQ+ que ven y escuchan esa escena y que no la viven como algo lejano o abstracto. La viven como algo cercano y personal, porque reconocen en ella aspectos de su propia historia y de una lucha que, aunque no sea idéntica, también les pertenece.
En las salas de esas casas, mientras unas personas reaccionan desde sus convicciones políticas, otras están sintiendo que se pone en duda —una vez más— el reconocimiento de aspectos fundamentales de su propia vida y de sus derechos.
Cuando el apoyo a una corriente o a una candidatura política se cruza con posturas que cuestionan esos mismos derechos, incluso en familias y entornos donde hay amor y apoyo en la vida cotidiana, pueden aparecer tensiones nuevas: silencios, discusiones, distancia o la experiencia de no sentirse del todo sostenidx por personas de quienes se esperaba un apoyo incondicional.
La investigación en salud mental permite leer con mayor claridad estas experiencias. Distintos estudios han mostrado que el contexto social y político en el que viven las personas LGBTIQ+ tiene un impacto directo en su bienestar emocional. No por el hecho de ser LGBTIQ+, sino por la forma en que sus vidas son nombradas, cuestionadas o validadas en los espacios que habitan.
Desde la psicología, el concepto de estrés de minoría1 ha permitido explicar cómo la exposición constante a mensajes que ponen en duda la legitimidad de ciertas identidades o relaciones puede generar niveles más altos de ansiedad, estrés y malestar emocional, y comprometer la salud mental.
Reportes de Human Rights Campaign y The Trevor Project, entre otros2, han documentado cómo los discursos y políticas anti-LGBTIQ+ incrementan el miedo, la ansiedad y la sensación de inseguridad en jóvenes y familias. Organismos como la UNESCO han señalado, además, que la legitimación social de estos discursos contribuye a reproducir dinámicas de exclusión, discriminación y violencia.
A la luz de esta evidencia, estas escenas dejan de ser momentos puntuales dentro del debate público. Se vuelven expresiones de un clima social en el que ciertas vidas siguen siendo tratadas como discutibles. Cuando derechos ya reconocidos se vuelven a poner en cuestión, se instala la idea de que su reconocimiento no es pleno, sino que puede quedar sujeto a las convicciones del gobierno de turno.
Esto invita a repensar cómo formulamos las preguntas. No se trata de evitar la conversación, sino de reconocer el contexto y el marco desde los cuales se plantea, y cuidar la forma en que se construye.
Por ejemplo:
Más allá de sus convicciones personales, y considerando que se trata de derechos ya reconocidos por la Corte Constitucional, ¿su gobierno se comprometería a respetar, proteger y garantizar los derechos de las parejas del mismo sexo y de la población LGBTIQ+ en general?
La diferencia no es menor. En lugar de abrir la duda sobre si un derecho reconocido debería existir, la conversación se traslada a la posición que asume una candidatura frente a un marco que ya está definido.
Ahora bien, la responsabilidad no recae únicamente en quien formula la pregunta. Quienes aspiran a gobernar también tienen la posibilidad —y el deber— de responder desde ese mismo marco constitucional. Cuando se trata de derechos fundamentales, pueden decidir no validar la ambigüedad, no desplazarse hacia el terreno de la opinión personal y afirmar con claridad los límites constitucionales que están llamados a proteger. Porque, además, no se trata únicamente de ese derecho en particular, sino del precedente que se establece sobre qué derechos —y de qué personas— pueden ser tratados como opinables.
Por eso importa cómo se pregunta.
Por eso importa cómo se responde.
Y por eso importa el marco desde el cual se construye la conversación pública.
No porque haya temas que deban evitarse, sino porque su complejidad no puede abordarse a costa de volver discutible la dignidad o los derechos fundamentales de ciertas personas.
¿Qué responsabilidad deberían asumir periodistas y candidatos cuando hablan públicamente de derechos fundamentales ya reconocidos constitucionalmente?
Te leo en los comentarios.
Sigamos aprendiendo en compañía.
1 El estrés de minorías se diferencia del estrés general —aquel que cualquier persona puede experimentar— por su origen en el prejuicio y el estigma. Una situación como perder un empleo puede constituir un estrés general o un estrés de minorías, dependiendo de si responde a prejuicios basados en diversidad sexual y de género o, por ejemplo, a condiciones económicas que afectan a la población en su conjunto, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.
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